El Gobierno de Aragón ha aprobado un decreto ley por el que se concede un suplemento de crédito de 619.360.942 euros para atender las necesidades adicionales de financiación derivadas del funcionamiento de los servicios públicos esenciales y por el que se adoptan medidas urgentes en relación con determinadas subvenciones de interés público. El texto se remitirá ahora al Parlamento autonómico para su tramitación.
El decreto ley también incluye casi 37 millones para pagar subvenciones a entidades. CEOE, Cepyme, UGT, Comisiones Obreras y los sindicatos agrarios recibirán 48.000 euros menos de ayudas cada uno por participación institucional, cumpliendo así el pacto PP-Vox. Este año esa ayuda se reduce un 15 %, mientras que en 2027 el recorte será del 50 %. Aseguran desde el Ejecutivo que los agentes sociales van a mantener otras partidas de programas concretos.
En rueda de prensa, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha detallado que las necesidades adicionales de crédito que motivan la aprobación de este suplemento responden, en gran medida, a la evolución experimentada por los servicios públicos esenciales durante los ejercicios posteriores a la aprobación del presupuesto prorrogado (2024),(se abre en una nueva ventana) especialmente en los ámbitos educativo, sanitario y de servicios sociales, mediante el refuerzo de efectivos, la mejora de las condiciones de prestación de los servicios y la implantación de diversas medidas organizativas y retributivas.
El objetivo es "atender al refuerzo y la mejora de servicios públicos tan importantes como educación, sanidad, servicios sociales o el refuerzo de los sistemas de prevención de incendios, los recursos asistenciales del IASS o la reposición del fondo de contingencia", ha explicado.
El acuerdo marco para una administración del siglo XXI, suscrito entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales más representativas para el período 2022-2024, estableció las bases para la actualización de las retribuciones del personal al servicio del sector público.
En aplicación del acuerdo, durante el ejercicio 2025 se hizo efectivo el incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 % vinculado a la evolución del IPC armonizado, con efectos económicos desde el 1 de enero de 2024.
Posteriormente, el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, reguló la actualización de las retribuciones del personal al servicio del sector público para los ejercicios 2025 y 2026.
Conforme a dicha norma, las retribuciones experimentaron en 2025 un incremento global máximo del 2,5 % respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2024, mientras que para el ejercicio 2026 se estableció un incremento global máximo del 1,5 % respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2025.
Por tanto, la aplicación de estas actualizaciones retributivas genera necesidades adicionales de financiación que no pueden ser atendidas con los créditos existentes en el presupuesto prorrogado, al no contemplar este las dotaciones necesarias para hacer frente a dichas obligaciones salariales.
Ámbito educativo
Desde el inicio del curso 2023-2024 se ha producido un incremento continuado de los recursos humanos destinados al sistema educativo aragonés, pasando el cupo docente de 15.184 efectivos en el curso 2022-2023 a 17.161 efectivos en el curso 2025-2026, lo que supone la incorporación de 1.977 docentes adicionales. "Esta es la apuesta por un sistema educativo de calidad", ha remarcado la vicepresidenta.
Ha indicado que este refuerzo de plantillas se ha acompañado de diversas medidas dirigidas a mejorar las condiciones profesionales, organizativas y retributivas del profesorado, entre las que destacan la mejora progresiva de los complementos de tutoría, el incremento de los complementos de los equipos directivos, las medidas de adaptación profesional para el personal docente de mayor edad y la reducción progresiva de la jornada lectiva mediante la implantación de las 18 horas lectivas en Educación Secundaria y de las 23 horas lectivas en Infantil y Primaria.
Asimismo, se han aplicado los incrementos retributivos generales del sector público y las mejoras específicas acordadas para el profesorado.