Aragón acelera la respuesta contra el acoso escolar con protocolos obligatorios en menos de 24 horas
La nueva normativa reduce plazos, simplifica la burocracia y busca una actuación más eficaz ante indicios de 'bullying' en los centros educativos
El Gobierno de Aragón ha aprobado una nueva normativa destinada a reforzar la lucha contra el acoso escolar, introduciendo cambios clave en los protocolos de actuación que deberán aplicar los centros educativos. Publicada este lunes en el Boletín Oficial de Aragón, la orden establece la obligación de activar el protocolo de intervención en menos de 24 horas ante cualquier indicio razonable de acoso.
Entre las principales novedades, destaca la reducción de los plazos administrativos: el tiempo máximo para instruir y resolver los procedimientos pasa de 21 a 10 días. Además, se simplifica la carga burocrática, ya que los centros deberán cumplimentar únicamente cuatro anexos, frente a los 10 exigidos hasta ahora. La normativa contempla un periodo de adaptación de seis meses, con el objetivo de que esté plenamente operativa al inicio del próximo curso escolar en septiembre.
Para Alejandra Reguero, psicóloga y orientadora educativa, la inmediatez en la actuación es un avance positivo. "Todo lo que se haga para mejorar el bienestar de las víctimas es positivo", señala, aunque advierte de la importancia de definir con precisión qué se considera un "indicio razonable", ya que será el elemento que determine la activación del protocolo.
Reguero subraya que, en muchos casos, el acoso no es evidente. A menudo se produce de forma muy sutil, en espacios donde el alumno está solo o aislado, lo que exige un alto grado de rigor en la identificación de los indicios.
Respecto a la simplificación administrativa, la especialista considera que puede ser beneficiosa siempre que no se pierda el rigor. "Si se reducen los anexos pero no el contenido, no estaremos avanzando. La clave es que sea práctico y útil, porque no siempre la rapidez es sinónimo de eficacia", apunta.
Otro de los aspectos señalados es la carga de trabajo que recae en los equipos directivos. Aunque existe coordinación, Reguero propone la incorporación de profesionales externos que puedan intervenir directamente en los centros. "Esto permitiría una mayor objetividad y disponer de más tiempo para trabajar con el alumnado y las familias, que es lo fundamental", afirma.
Con esta nueva normativa, Aragón busca no solo agilizar la respuesta ante el acoso escolar, sino también avanzar hacia un sistema más eficaz y adaptado a la realidad de los centros educativos.