Desde el pasado mes de septiembre el servicio de transporte sanitario en Aragón lo gestiona una nueva empresa. Solo durante ese mes, 15.000 personas lo usaron para traslados no urgentes a las consultas de un hospital o a un centro sanitario.
Según ha explicado en las Cortes el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, este cambio ha supuesto una mejora del servicio y de las condiciones laborales de los trabajadores. Por una parte, se han añadido 135 nuevas ambulancias y están mejor equipadas. Por otra, las nóminas han subido un 18 % y, según el consejero, los trabajadores llegarán a cobrar un 27 % más al final del contrato. Un contrato que ha definido como "más justo, más exigente y más garantista", y que "por primera vez obliga al adjudicatario a respetar las condiciones laborales de los trabajadores".
La oposición, no obstante, ha insistido en que se compruebe que la empresa cumple lo que hay sobre el papel y ve lagunas en los pliegos. El diputado del PSOE, Iván Carpi, recordaba que sigue habiendo problemas en el transporte sanitario urgente y que sus 800 profesionales siguen "sin recibir el salario que les corresponde, que pagan los aragoneses, que presupuestó el anterior gobierno y que se está quedando la empresa".
El diputado de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, apuntaba también a este beneficio empresarial: "La empresa sigue obteniendo unos 600.000 euros, motivo para la rescisión de la contrata".
Bancalero ha recordado que se ha recuperado a UVI móvil en Teruel, en Huesca y en Jaca con funcionamiento 24 horas los fines de semana y festivos, -que es cuando más aumenta la demanda- y que la intención del Gobierno es subir el 8 % del presupuesto en sanidad para el año que viene.