Prisión provisional comunicada y sin fianza para el director y cuatro trabajadores del centro de menores de Ateca

El juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el director y cuatro trabajadores del Centro de Atención de Menores de Ateca, dos educadores y dos auxiliares sin titulación. Están acusados de delitos de lesiones, torturas, contra la integridad moral, agresión sexual, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal. Las víctimas son dos menores denunciantes, una chica de 17 años y un chico de 16. 

La Guardia Civil detuvo este jueves a esas cinco personas y este viernes han pasado a disposición judicial. La jueza ha dictado, además, un auto de medidas cautelares decretando el cierre provisional del centro. Por su parte, el Gobierno de Aragón ha confirmado que se se va a personar en la causa como perjudicado.

El Área de los delitos contra las personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza inició la investigación tras varias denuncias interpuestas por parte de la progenitora de uno de los menores, en las que exponía unas supuestas lesiones hacia su hijo por parte de los educadores del centro.

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Los especialistas, nada más conocer estos hechos, comenzaron a investigar, realizando gestiones y tomado declaración a varios empleados del centro y a la supuesta víctima. Como resultado de la información obtenida, se pudo determinar que los educadores, con el conocimiento del director, habrían estado llevando a cabo una serie de acciones hacia el menor en cuestión que podrían incurrir en hechos delictivos.

Las actuaciones se basarían en episodios de aislamiento, tratos degradantes y vejatorios, así como lesiones producidas por golpes propinados en el interior de una habitación, cuyas ventana y puerta habrían tapado y cerrado previamente.

Además, se constató que al menor se le realizaron contenciones (inmovilizaciones físicas) que no habrían sido registradas, tal y como indica la normativa de actuación en estos centros de menores. Sin embargo, de ello sí tenía conocimiento el responsable del centro, el cual habría indicado que las mismas no fuesen registradas.

"Inseguridad" y "temor" por su vida

Todos los hechos relatados que habría sufrido la víctima, que se intensificaron desde finales del mes de junio, habrían provocado en ella una inseguridad de estancia en el centro, así como un sentimiento de temor por su vida. Finalmente, según fuentes de la Guardia Civil, el menor lo comunicó a una de las trabajadoras y, esta, al director del centro, quien no observó que el procedimiento efectuado fuese contrario al protocolo de actuación con los internos.

Igualmente, los investigadores lograron determinar que el responsable del centro, en una ocasión, solicitó a un empleado sanitario que realizase un informe donde se mostrase que el menor no presentaba ningún tipo de lesión, petición a la que dicho trabajador se negó.

Durante la operación, los investigadores determinaron la existencia de más víctimas internas en dicho centro, obteniendo indicios sobre hechos delictivos relativos a agresión sexual, así como de corrupción de menores, llevados a cabo por varios educadores durante los últimos meses.

Quemados con cigarrillos

Las madres de las víctimas han relatado que quemaban a los menores con cigarrillos, sufrían maltratos psicológicos cuando atravesaban momentos de ansiedad y recibían comida en malas condiciones. Además, grababan a las chicas en momentos de intimidad. También han asegurado que, ante las llamadas de auxilio de los menores, se redujeron las opciones de visita.

"Empecé a ver marcas de golpes en mi hijo en la mano con quemaduras de cigarrillos, bastantes golpes... Empecé a ver un deterioro de su cuerpo físicos impresionante. Cuando durmió en casa gritaba: 'No, por favor, no, por favor'. Y dije: 'Eso es grave'. Y el niño me dijo: 'Mamá, por favor, no me metas ahí, no te lo puedo decir. Y el niño temblaba", ha explicado Karelly, madre de una de las víctimas. 

Otra madre, Marcela, ha contado que su hija llevaba dos años y diez meses dentro del centro. "Desde el minuto uno que mi hija ingresó, las llamadas eran de 'Mamá, sácame de aquí', pero no me contaba nada. Hace tres semanas empezamos a hablar, vino con el labio roto, el cuello marcado como si la hubieran asfixiado", ha relatado.

"Evidentemente, no reconocen los hechos y estamos en una fase muy inicial", ha explicado el abogado de la acusación, Juan Manuel Martín.

El Gobierno de Aragón se personará como perjudicado

El Gobierno de Aragón ha ofrecido toda su colaboración para que se esclarezcan los hechos y se va a personar en la causa como perjudicado. 

"No vamos a negar ningún tipo de recursos de los que tenemos disponibles ante una situación así. La prioridad del Gobierno de Aragón es el bienestar, la seguridad y el interés del menor", ha asegurado la vicepresidenta del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero.

Por otro lado, varias familias se han reunido en la mañana de este viernes con responsables del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, desde donde aseguran que, si es necesario, se reubicará a los menores en otros centros.

El centro de atención a menores ubicado en Ateca es de gestión privada con capacidad para unos 30 menores y cuenta con una veintena de plazas concertadas dentro de un acuerdo marco cuya atención y protección corresponde a Aragón.

Cierre provisional del centro

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la jueza ha dictado esta mañana un auto de medidas cautelares decretando el cierre provisional de este centro, donde había 30 menores.

En el auto dictado, la instructora concreta: “En el presente caso, existen indicios suficientes de los que se infiere racionalmente la comisión de delitos contra la integridad moral, tortura, lesiones, agresión sexual y pertenencia a grupo criminal por parte de los investigados, tal y como se deduce del contenido de las exploraciones judiciales de los menores denunciantes, de las declaraciones testificales practicadas a personal trabajador del centro, de los informes forenses y de los datos obrantes en el atestado policial”. 

Además, la jueza ha solicitado a la Guardia Civil la localización de nueve menores fugados del centro y su puesta a disposición judicial para averiguar si han podido ser víctimas de las agresiones y los abusos que se investigan en esta causa, y por si guardan relación con su huida del centro.