La Guardia Civil de Fraga investiga a dos personas como presuntas autores de un delito contra los derechos de los trabajadores, además de uno de coacciones para una de ellas, por someter a temporeros a condiciones de trabajo abusivas en el Bajo Cinca.
El pasado 20 de mayo, tres trabajadores de una empresa frutícola de la comarca del Bajo Cinca denunciaron en el puesto de la Guardia Civil de Fraga condiciones de trabajo abusivas, jornadas que no respetaban los descansos fijados y un trato degradante por parte del responsable de los campos de cultivo.
Asimismo, los temporeros denunciaron que la vivienda facilitada por la empresa carecía de condiciones mínimas de habitabilidad, salubridad e higiene. Días después, según las autoridades, una cuarta persona se sumó a las denuncias.
La Guardia Civil colaboró con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Huesca, que ejecutó una inspección laboral de urgencia en la explotación frutícola y pudo corroborar las denuncias de las víctimas.
Por otro lado, los Servicios Sociales de la comarca del Bajo Cinca, un técnico de urbanismo del Ayuntamiento de Fraga y agentes de la Policía Local del municipio inspeccionaron el inmueble en el que se alojaban las víctimas, verificando también las condiciones de hacinamiento y la existencia de cámaras de seguridad, que incumplen la normativa y el derecho a la privacidad de los moradores.
Finalmente, el 30 de mayo, la Guardia Civil investigó al gerente de la empresa frutícola como posible autor de un delito contra los derechos de los trabajadores. Se trata de un vecino de la comarca del Bajo Cinca de 56 años de edad. El 2 de junio, el instituto armado investigó también al encargado de la explotación agrícola como presunto autor de un delito de coacciones y otro contra los derechos de los trabajadores en calidad de cooperador necesario. Es un hombre de 56 años vecino de la provincia de Lérida.
A través de una ONG, según las autoridades, se facilitó asistencia integral y realojamiento de las víctimas. Los servicios sociales comarcales colaboraron y verificaron la situación de los trabajadores. La Guardia Civil instruyeron las diligencias, que fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Fraga.