Anticorrupción rechaza que Sánchez fuera "número 1" de la "organización criminal" de Ábalos, Koldo y Aldama
En la última sesión del juicio, la Fiscalía ha pedido penas de cárcel de 24 años para el exministro, 19 y medio para su exasesor y siete para el empresario
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no era el número uno" en la "verdadera organización criminal" que, ha recalcado, conformaron el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama.
Así lo ha expresado el jefe de la Fiscalía Anticorrupción en su informe final del juicio en el Tribunal Supremo contra los tres acusados por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas. "No se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no era el número uno el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Aldama", ha pronunciado.
Luzón ha incidido en que Ábalos era "denominado jefe por unos y por otros, desde luego por los otros dos acusados, y también por todo el entorno de Aldama".
Y ha hecho hincapié en el "matiz" del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, que aseguró en esta sala, de que "quien paga manda y quien paga y exige es Aldama". "Pero habría que hacer también una segunda precisión a esta consideración, y es que a Aldama no interviene en algunos de los delitos de que vienen acusados Ábalos y Koldo", ha puntualizado.
El fiscal ha considerado probado que el exministro José Luis Ábalos intervino para que su expareja y otra mujer fuesen contratadas en empresas públicas, y ha destacado el papel que jugó la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional.
Los presuntos enchufes de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, en Ineco y Tragsatec han sido una parte del informe en la que el fiscal se ha mostrado especialmente crítico y ha admitido una "cierta desolación" ante la existencia de empresas públicas "casi parasitadas" por el "poder político".
Anticorrupción ha elevado este lunes a definitivas sus peticiones de penas de 24 años de cárcel para el exministro, 19 años y medio para su exasesor y siete años para el presunto conseguidor.