Agentes de la UCO apuntan al fiscal general sin pruebas directas y lo justifican por el borrado del móvil
Señalan que el fiscal general tuvo “uno dominio a todos los niveles” porque “todo lo que se ha filtrado estaba en Fiscalía General del Estado”
Los agentes de la Guardia Civil que elaboraron los informes de la causa contra el fiscal general del Estado han destacado que "durante todo el proceso lo que se ve es un dominio a todos los niveles del fiscal general" que es "evidente" porque "todo lo que se ha filtrado estaba en Fiscalía General del Estado". En la penúltima sesión del juicio contra Álvaro García Ortiz, estos agentes de la UCO han reconocido que no hallaron pruebas directas de la difusión del correo clave sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso por parte del fiscal general dado que su móvil y su email habían sido borrados.
"El dominio de toda esa acción corresponde al fiscal general del Estado, como es normal en una institución jerarquizada. Él da instrucciones, a través de la fiscal provincial", ha señalado uno de los agentes, si bien otro le ha interrumpido: "Y de Lastra", la fiscal superior de la Comunidad de Madrid.
El agente ha reiterado que "en el proceso se ve un dominio (de García Ortiz) por jerarquía" porque "lo que haga esa Fiscalía General del Estado no lo va a hacer sin el conocimiento o el dominio, como órgano jerarquizado, del fiscal general". Una afirmación que ha sido contestada por el fiscal: "Eso es una deducción suya enteramente libre".
Los agentes han apuntado a "un antecedente" en la filtración respecto a la noticia del 12 de marzo de 2024 sobre la denuncia contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La información que se publicó, en su opinión, "se compadece con lo que tiene Fiscalía General, no la Fiscalía Superior", puesto que en los días anteriores lo había reclamado la mano derecha de García Ortiz, Diego Villafañe, en una dación de cuentas.
"Para nosotros es un precedente bastante claro porque muestra un 'modus operandi' de recabar información" que luego, en su opinión, se traslada a lo ocurrido en la noche del 13 de marzo con la nota de prensa que pretende elaborar García Ortiz para aclarar que el pacto que buscaba el abogado de la pareja de Díaz Ayuso no partía de la Fiscalía.
Al respecto, han explicado que "es el fiscal general, desde la Fiscalía General, quien dice y quien mueve esa nota de prensa y cuándo se va a dar, y quien tiene la urgencia de darla". "No sé si Almudena Lastra o la fiscal provincial tienen conocimiento de en qué condiciones y cuándo. Yo creo que incluso le sorprende a la fiscal provincial el cuándo y cómo porque creo que ella piensa que va a salir a través de la Comunidad de Madrid", ha dicho uno de ellos. La nota salió con el membrete de la Fiscalía Provincial.
No accedieron al teléfono del fiscal general porque estaba borrado
Ahora bien, los agentes, que han comparecido como peritos y testigos, han reconocido que no hallaron pruebas de la difusión del correo clave en el teléfono del fiscal general. "Nosotros al teléfono del fiscal no pudimos acceder porque estaba borrado", han señalado.
Cuando procedieron al análisis de los dispositivos intervenidos en el registro, según han dicho, se percataron de que los mensajes habían sido borrados el 16 de octubre -cuando se abrió causa penal-, que el terminal telefónico no había sido devuelto -el fiscal general cambió el 23 de octubre de terminal- y que la copia del correo privado de Gmail -a donde la fiscal provincial de Madrid le envió los correos- había sido eliminada.
Respecto al borrado del Gmail -que el fiscal general justificó en mensajes amenazantes recibidos tras el informe de la UCO- han reconocido que no incluyeron cuándo se borró.
Agentes avalan la copia total de dispositivos del fiscal general: no se puede seleccionar
Varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han justificado también el volcado "total" de los dispositivos electrónicos del fiscal general del Estado porque es "imposible" un "volcado selectivo" por cuestiones técnicas u operativas durante el registro.
La jornada ha comenzado con los detalles de los registros inéditos de la UCO el 30 de octubre de 2024 en el despacho oficial del fiscal general y de la fiscal jefa de Madrid, que quedó fuera del procedimiento. Unos registros que dieron lugar a informes claves de la causa y que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han impugnado desde el inicio al considerarlos nulos por una amplia vulneración de derechos fundamentales, tal y como expusieron al inicio del juicio.
Durante sus declaraciones, los agentes de la UCO han relatado que aquel día hicieron un volcado "integral" de los dispositivos electrónicos del fiscal general del Estado, salvo en el caso del ordenador de mesa, donde hubo una "selección específica".
Esa selección específica, según uno de los agentes, se ciñó a la información que podía ser del 8 de marzo en adelante -como ordenó el juez-. Otro compañero suyo ha indicado que se incautaron los "archivos de interés" indicados por el jefe del dispositivo, si bien no ha recordado si estaban limitados a una fecha concreta.
La Abogacía del Estado, que defiende al fiscal general, ha hecho hincapié en si los agentes respetaron el "marco temporal" impuesto por el juez -del 8 de marzo al 30 de octubre- para incautar la información o el volcado fue "desproporcionado", como así lo puso de manifiesto, junto al Ministerio Fiscal, durante el registro.